Desde 2018, el aborto en Chipre se puede solicitar hasta la semana 12 de embarazo y hasta la semana 19 en casos de violación.[1] Anteriormente se realizaba solo si había riesgo de daño físico o mental a la madre, riesgo de deformidad fetal o si la paciente había sido violada o agredida sexualmente de otro modo.[2][3]
Chipre tiene una política natalista y, por tanto, no ofrece procedimientos de aborto de rutina en los hospitales estatales, por lo que generalmente se realizan en clínicas privadas; brindando los hospitales públicos el procedimiento solo si la madre corre un gran riesgo.[2][3] Como los abortos son pagados de su bolsillo por la mujer que se somete al procedimiento, los médicos privados pueden y han realizado abortos fuera del marco legal.[2]
Seguimiento de la nueva ley
La Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Chipre avaló en 2022 la ley de 2018, adoptada a propuesta del partido AKEL. Sin embargo, dirimieron que la falta de cobertura médica garantizada en caso de aborto sigue siendo un obstáculo importante para el acceso al mismo.[4] Varios diputados debatieron ese año la posibilidad de que el plan de salud nacional GESY cubriese los abortos a solicitud de la paciente, y criticaron varias de las pautas al respecto de los mismos que ofrecían y llevaban a cabo los doctores.[4][5]
Referencias
